Juan Carlos Díaz Lorenzo

En su intervención, el pasado 21 de junio, con motivo de la asamblea general de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), su reelecto presidente, Adolfo Utor, se refirió a varios asuntos de interés, entre ellos a la “compleja situación internacional (excedente de oferta, fletes muy bajos y costes al alza). En el caso de España, hay que añadir la problemática derivada de la casi inexistencia de crédito y de una morosidad preocupante, por parte incluso de las administraciones públicas”.

Adolfo Utor resaltó que las comunidades autónomas de Baleares y Canarias “tienen una deuda atrasada, por las subvenciones a los pasajeros residentes en esas comunidades, de 33 millones de euros con cuatro de nuestras empresas navieras asociadas. Parte de esa deuda tiene ya dos años de antigüedad.”

Adolfo Utor, en su intervención ante la Asamblea General de ANAVE

El presidente de ANAVE abordó también un tema clave para el futuro de la Marina Mercante española: “El Ministerio de Fomento ha anunciado un Plan Estratégico para promover la competitividad del Registro Especial de Canarias (REC). Desde ANAVE aplaudimos esta iniciativa y pensamos que el REC podría ser un instrumento clave para apoyar el crecimiento de la Marina Mercante española”.

“Pero hay que conseguir que funcione mejor –enfatizó-, especialmente proporcionando seguridad jurídica al enrole de tripulantes no comunitarios en los buques del REC. La actual inseguridad ha ocasionado que, en los siete últimos años, la flota mercante de pabellón español, aunque ha mantenido sensiblemente su tonelaje, haya perdido casi el 35 % de sus puestos de trabajo. Por ello, desde ANAVE proponemos la vuelta al régimen laboral vigente hasta 2005, mediante la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería”.

Utor destacó que “sería importante dotar a los mecanismos de inspección de buques de la Administración marítima de la agilidad y flexibilidad que precisa el sector. Nos consta que la DGMM ya está avanzando en este campo. Junto con cuestiones de tipo más bien técnico, hay aspectos de orden jurídico aún pendientes de resolver, en particular la posibilidad de que las sociedades de clasificación que actúen por delegación de la Administración puedan limitar su responsabilidad, en los términos establecidos en la directiva comunitaria sobre esta materia”.

El presidente de ANAVE valoró muy positivamente la reciente tramitación de la propuesta de modificación de la Directiva 1999/32 que regula el contenido de azufre en los combustibles marinos. “Se han utilizado dos instrumentos de coordinación que han funcionado muy satisfactoriamente”, tales como un grupo de trabajo entre los ministerios de Medio Ambiente, Fomento e Industria, en permanente contacto con las asociaciones empresariales afectadas; y ECSA, que ha sido capaz de consensuar las posiciones de las asociaciones navieras.

Adolfo Utor elogió la actuación en este campo del Presidente de ECSA y anterior presidente de ANAVE, Juan Riva, “cuya reconocida capacidad para conciliar voluntades ha hecho posible que ECSA presente a las instituciones europeas una posición común y sin fisuras”.

Recordó que la Comisión Europea ha lanzado un estudio sobre la concesión de exenciones de practicaje en los diferentes países. “Estamos seguros de que se va a concluir que España es uno de los países en los que es más difícil obtenerlas. Nos daríamos por satisfechos con que la Orden de 2003, que regula estas exenciones en España, se cumpliese en todos los puertos y con una tramitación lo más rápida posible.”

Por último, el presidente de ANAVE se refirió a las subvenciones a los pasajeros residentes en los territorios no peninsulares, que las navieras adelantan con el descuento en las tarifas y luego el Estado les reintegra. Cuando este reintegro se retrasa, como ocurre actualmente en Canarias y Baleares, por importe de unos 33 millones de euros, genera para las navieras unos costes financieros muy importantes.

“Hemos pedido que se extienda a este tipo de deudas el mecanismo de pago a proveedores que se ha instrumentado para las comunidades autónomas y las entidades locales, pero hasta ahora sin resultado. Cualquier gestión que desde el ministerio de Fomento se pueda hacer para conseguir el pago de estas cantidades sería enormemente positivo”.

La normativa que regula estas subvenciones discrimina negativamente en varios aspectos al transporte marítimo y recordó que “ANAVE lleva varios años pidiendo un alineamiento pleno de las normativas aplicables a los transportes marítimo y aéreo en estas subvenciones”.

Adolfo Utor concluyó su intervención confiando en que en la asamblea general de ANAVE del próximo año “todos podamos felicitarnos de que las perspectivas económicas permitan dar noticias más optimistas”.

A la reunión, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid, asistieron, entre otras autoridades, Carmen Librero, secretaria general de Transportes, que también intervino en el acto; los portavoces del PP y el PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Andrés Ayala y Rafael Simancas; el director general de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero y una nutrida representación de empresas e instituciones de los diferentes sectores del Clúster marítimo.

Foto: ANAVE

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