El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende el concurso del puerto de Agaete

marzo 9, 2015

Juan Carlos Díaz Lorenzo

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha accedido a la suspensión de la ejecución de los actos administrativos impugnados por Fred. Olsen en relación al puerto de Agaete, después de que la naviera interpusiera recurso administrativo frente a la desestimación, por silencio administrativo, del recurso especial en materia de contratación presentado frente a la resolución del consejo de administración de Puertos Canarios, de fecha 25 de julio de 2014, por la que se aprobaba el pliego de cláusulas administrativas que han de regir el contrato para la gestión de los servicios portuarios en el puerto de Las Nieves (Agaete).

El recurso se amplió frente al acuerdo expreso de desestimación mediante la resolución del consejo de administración de Puertos Canarios, de fecha 24 de noviembre siguiente. Dicho de otra manera, queda en suspenso el concurso para que opere una segunda naviera en el puerto de Agaete.La suspensión encuentra amparo en el artículo 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (ley 29/1998, de 13 de julio).

Fred. Olsen considera que el concurso lesiona gravemente sus intereses

La Sala dice, en el punto segundo de los fundamentos de derecho, que Fred. Olsen sostiene “que el concurso para que opere una segunda naviera en el puerto de Agaete es manifiestamente ilegal y gravemente perjudicial” a sus derechos e intereses de la única operadora desde dicho puerto y Santa Cruz de Tenerife, “y que dado que las dimensiones del puerto de las Nieves, con una sola línea de atraque, se imposibilita la utilización simultánea o sucesiva por otra naviera”. Señala, además, que la jurisdicción contencioso-administrativa “ya ha confirmado dicha imposibilidad física del puerto de Agaete” y entiende que Fred. Olsen “tiene un derecho subjetivo de la obtención de los servicios administrativos por el puerto como primer solicitante que ha sido reconocido por la administración, incluso tras denuncias a la Comisión Europea”.

Entiende la Sala que “existe falta de regulación previa del servicio público objeto del contrato” y considera “inviables los horarios teóricos contemplados en el PCT con evidentes riesgos parta la seguridad. Basta con dos episodios de retraso para que el caos sea absoluto y desde luego bastan dos días de sucesos caóticos para que todo el crédito de la recurrente se resquebraje y resienta gravemente” y añade: “No se ocasionaría daño o perjuicio a terceros”.

Foto: Tony Rodríguez

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